“Tener un arma es un problema, no sólo para la persona en su hogar, sino también para los poderes públicos” interpretó Rodolfo Ocaranza, uno de los directores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac- ex Renar).
El funcionario explicó que los depósitos donde se guardan las armas incautadas por las fuerzas de seguridad son vulnerables. Aseguró que el 27 de mayo se puso en marcha un nuevo plan de destrucción de armas de fuego y que esta iniciativa no sólo busca remover las armas que circulan en la calle, sino también las que fueron secuestradas por el Estado.
“(Apuntamos) mucho a los depósitos de las fuerzas de seguridad o del Poder Judicial. Donde hay un depósito de armas está latente el riesgo de una sustracción y esa arma sustraída indefectiblemente va al delito”, analizó.
Aclaró que, por ley nacional, Anmac tiene la potestad sobre las armas incautadas, pero Tucumán no está adherida a esa norma. Ocaranza explicó que eventualmente depende de la Justicia que las armas secuestradas sean destruidas. Si se comprueba que el artefacto estaba registrado, se lo restituye a su legítimo dueño.